Dos decisiones del gobierno que propiciaron una huelga histórica, un artículo de Gonzalo Alcalde

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Por Gonzalo Alcalde

La huelga más importante en un cuarto de siglo en el Perú no surgió de la nada. En los primeros meses de gobierno del presidente Kuczynski se tomaron dos grandes decisiones que podían exacerbar la conflictividad en el sector Educación, y que se plasmaron en el Presupuesto de la República de 2017. La primera decisión fue incumplir la promesa electoral de aumentar sueldos docentes en el primer año, y la segunda fue programar el temido inicio de las evaluaciones de desempeño docente tras casi una década de expectativa.

Que 2017 sería un año de fuertes tensiones y pugnas en el sector debió ser, entonces, completamente previsible. Aunque hubo tiempo para mitigar el potencial conflicto con un magisterio que se siente abandonado por el Estado desde hace décadas, este gobierno no supo, o no quiso, hacerlo. Craso error: considerando las pugnas sindicales, donde nuevos actores regionales buscan protagonismo y desplazar a una dirigencia de Patria Roja que está perdiendo el control del Sutep, esto debió ser prioritario.

Todo empieza con una promesa incumplida. El candidato Kuczynski anunció desde inicios de 2016 que en su primer año todos los profesores recibirían no menos de 2 mil soles. Ya en Palacio de Gobierno, sin embargo, el ofrecimiento fue reducido rápidamente: el premier Fernando Zavala anunció en su primera presentación al Congreso que recién en 2018 (ya no 2016 ni 2017) todos los docentes recibirán al menos 2 mil soles. Se programó, a partir del presupuesto aprobado, un aumento gradual por tramos. Estos cambios no pasaron desapercibidos por los docentes agremiados: en noviembre el Secretario General del Sutep expresó su descontento, confirmando que la expectativa era que el aumento se hiciera efectivo para todos en 2016 y no en 2018. El descontento creció cuando en marzo no se cumplió ni siquiera con este pequeño aumento, y se anunció que estaría sujeto a descuentos.

Durante los siguientes meses, no hubo desde el ministerio un control de daños de las consecuencias de este incumplimiento. Y cuando empezó la huelga, en lugar de iniciar el diálogo con los docentes aceptando la promesa incumplida, el gobierno más bien asistió con “la pata en alto“ y partió de la premisa (luego probada falsa) de que no hay plata para más.

El presupuesto para 2017 también confirmaba el inicio del proceso de evaluación del desempeño docente (EDD), destinándose 65 millones de soles a evaluar a más de 24,000 profesores. Este proceso gradual culminaría en 2021, según lo establecido en la Ley de Reforma Magisterial (2012), y según lo previsto una década atrás en la Ley de Carrera Pública Magisterial (2007). La EDD había ya generado gran expectativa y temor porque contemplaba la separación de los docentes que no superan la prueba ordinaria, ni las dos pruebas extraordinarias subsecuentes. En años recientes, los ceses de maestros en contextos de evaluación ya se han dado, así que el temor no es infundado. En 2015 el Minedu efectuó una evaluación excepcional de 14 mil profesores con nombramiento interino para darles la oportunidad de ingresar a la carrera pública, y cesó a más de 9 mil no inscritos para dicha prueba.

Antes de la inminente evaluación, y de que las tensiones exploten, no se estableció un espacio de diálogo sobre el proceso con los actores nacionales y regionales pertinentes, ni hubo una campaña comunicacional para explicar una etapa que sería inevitablemente traumática. En mayo 2017 se convocó oficialmente al primer tramo de EDD y se publicó la lista de docentes a ser evaluados, pero recién en julio se iniciaron las actividades informativas, a días del inicio de las evaluaciones.

Esta semana, tras dos meses y medio de huelga, la ministra Marilú Martens sigue insistiendo en que las evaluaciones no son negociables. Al final, sin embargo, las EDD programadas para julio tuvieron que ser suspendidas hasta nuevo aviso, y en la práctica ya se quebró el cronograma multianual establecido por el Minedu.

Lo que esto demuestra es quehacer políticas públicas sin considerar el contexto político siempre trae consecuencias nefastas para un gobierno “técnico” y, por extensión, para todo el país. No solo se trata de los millones de niñas y niños que están en alto riesgo de perder el año escolar, el costo es también el protagonismo que ganan las fuerzas con oscuras vinculaciones en el magisterio, y las medidas programadas por el mismo gobierno que ni siquiera pudieron implementarse.

Publicado en diario Uno, el 2 de setiembre de 2017.

Nota: Los contenidos de los artículos que reproducimos no reflejan necesariamente la opinión de Edugestores.

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