Educación rural: ¿Política de atención o política de desarrollo?, un artículo de Jaime Montes

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Por Jaime Montes

Debo decir que la Política de Atención Educativa para la Población del Ámbito Rural, en proceso de consulta, es un gran avance, el más  significativo de los últimos años. Mi aporte tiene como objetivo reflexionar sobre los desafíos que implican su implementación, con el ánimo de motivar a los involucrados a profundizar temas ausentes en el debate o, por lo menos, poco tratados en algunos espacios que he podido participar.

Sabemos que no es lógico pretender que los problemas de la educación en ámbitos rurales se deban resolver solo con la expedición de políticas y leyes. Es necesario que, al tiempo que se aprueban decretos y acuerdos, haya un esfuerzo por comprender las características (valores, percepciones, visiones, contradicciones, complejidades y tradiciones) de las dinámicas sociales que enfrentará la política en su proceso de implementación, pero ello requiere también de un sinceramiento, ¿que hicimos mal?, ¿que aprendimos o debemos defender a rabiar?

Cuidado con acostumbrarnos a perfilar políticas “enclenques”, atadas solo al “debe ser”. El caso del Proyecto Educativo Nacional y otras políticas afines como la ley de la niña rural son sintomáticos. Han terminado siendo buenas intenciones y voluntades en ciernes. Ningún ministro de educación ha logrado convertirla en política viviente, incluso se han implementado programas cuyo cauce fueron en contra de dichas políticas. Por lo menos, en el tema rural mi apuesta es que vayamos más allá del formato Ceplan. Al final de cuentas dicha institución todavía es un experimento. La mutación del SNIP a Invierte.pe es un ejemplo. No volquemos las demandas y necesidades de miles de estudiantes andinos, amazónicos y periurbanos hiperactivos solo en manos de una institución casi neonatal. Incluyamos al sindicato, a  la sociedad civil y al empresariado, que con sus propias dinámicas y “formatos” pueden aportar en la solución de problemas en el corto plazo, problemas que cada año evolucionan y se generalizan.

Seria innovador incluir en el documento un análisis honesto sobre la gestión del Minedu entre el 2003 – 2017 por lo menos. ¿Qué pasó con el financiamiento público, cooperación y préstamos internacionales en el tema rural? ¿Qué ha fallado en la gestión descentralizada? ¿Existe aspecto que deben centralizarse?, ¿no existen profesionales con perfiles para encaminar las políticas rurales?, ¿cuántos?, ¿dónde? ¿La visión rural de los gestores cuan disímiles ha sido? ¿Qué necesitamos reformar en la direcciones del Minedu?  Y en  la línea de transparencia necesaria  en estos tiempos, ¿cuánta responsabilidad política y ética tienen los  gestores que tuvieron la oportunidad de liderar políticas rurales?

Es importante construir un diagnóstico con información que sostenga la prospectiva y los posibilidades que tenemos como país en el corto plazo, mientras madure el resto de las políticas. Por ejemplo, ¿qué de común tienen las doce regiones con amazonía y las ocho regiones con zonas altoandinas para activar medidas intensivas y de emergencia de atención sin tanta diversidad? Sí creo fervientemente que es importante contar con líneas de esperanzas más claras e inmediatas sobre la ruralidad peruana, la situación desespera. Quienes convivimos y saboreamos la ruralidad en cada viaje y diálogo con docentes rurales entenderán lo indignante de la situación, no podemos esperar, tampoco podemos  confiar en la clase política así nomás.

Otro desafíos es superar la dictadura de las estadísticas, las comparaciones  y las progresiones, hacen que redundemos una y otra vez en varios documentos las mismas certezas y no construimos comprensiones socioeducativas de corte cualitativo sobre la cuestión rural. Eso implica acuerdos entre la sociedad científica, académica y el Estado para trazar una línea de investigación y fábrica de evidencias e implementar un sistema de gestión del conocimiento rural, siendo temas urgentes tales como:

  • Las causas y luces para desterrar o “meter cabe” al machismo en las escuelas y como sostener en la cotidianidad la enseñanza con enfoque de género.
  • Como enfrentar el fenómeno de la cultura “anti-regresión” que motivan que las culturas originarias quieran “modernizarse” para sobrevivir.
  • Qué hacer ante el impacto en la economía extractiva con énfasis de la economía depredadora de la minería, madera, el contrabando y el narcotráfico, que van creando sentidos de vida y costumbres locales que destruyen la noción de escuela.

Por otro lado, es necesario pasar del análisis sincrónico del problema a una construcción de las políticas con perspectiva diacrónica. Es más complejo pero necesario. Es clave conocer cómo el Estado atendió la ruralidad socialmente problematizada en momentos históricos diferentes, en terrorismo, en dictadura mafiosa y delincuencial y en estos 18 años del milenio de clase política corrupta. Urge también instalar un equipo de expertos o representantes sociales pero con la mayor amplitud para el debate y el análisis de la ruralidad, pero que atienda aspectos histórico-evolutivos sin perderse en la dimensión desconocida de las discusiones normativas. Necesitamos discutir ¿cuál es el origen de los problemas estructurales que generan pobreza en el ámbito rural? ¿Qué cambios sufrió a lo largo del tiempo?  Es importante el análisis intertemporal de las políticas, las nuevas generaciones lo demandarán en su momento. En ese sentido, es preciso de aquí para adelante: 

  • Identificar qué actores están involucrados, cuáles son sus intereses y cómo están conectados entre sí para solucionar parte del problema rural. Para tener claro en que espacio y capa aterriza estos lineamientos.
  • Adoptar mejor el punto de vista de los actores, la consulta masiva es importante, pero es más importante recoger percepciones más auténticas, sobre todo a quienes son víctimas del problema. Estuve en Mazamari hace un mes y los líderes indígenas sabían muy poco sobre este proceso de consulta y los que sabían no entendían mucho del sentido.
  • Identificar otras modalidades de actuación de los técnicos y especialistas, más allá de las mesas “apolilladas”, es preciso promover redes inteligentes de debate, redes internacionales con países similares a las ruralidades de nuestro país.
  • Identificar las reglas formales e informales a las que acuden los actores para: manifestar sus intereses, manejar sus interacciones y garantizar la eficacia de las políticas propuestas.
  • Predecir comportamientos e impactos previsibles dada las limitaciones del Estado para atender a todos y en muchos de ellos con alta conflictividad medioambiental.
  • Es necesario conocer qué, cuánto y cómo se depreda saberes de pueblos originarios, así sabremos que la crisis no solo es producto de la falta de presupuesto o continuidad de las políticas.

Finalmente, el documento aborda de manera innovadora la trayectoria educativa, aunque en los lineamientos solo se mencionan la flexibilidad del currículo, las condiciones materiales y re-movida del sistema de acceso para cerrar las brechas, así como  el “moldeamiento” de los servicios educativos para asegurar su diversidad que son apuestas importantes pero insuficientes si se quiere ser coherente con una trayectoria basada en enfoque de derechos. Es importante visibilizar cómo se garantizarán los sentidos de dicha trayectorias, cómo se respetarán o construirán identidades y cosmovisiones, fuera y dentro de la escuela, para lograr: “Transitar hacia un sistema de evaluación formativo, donde los criterios de promoción sean funcionales y garanticen que los estudiantes avancen y progresen hacia el logro de los aprendizajes, reconociendo las competencias adquiridas en sus actividades no escolares y entorno” es imprescindible emprender caminos desafiantes, pero el Estado debe hacerlo de la mano con la sociedad civil para asegurar que la política no solo sea un plan de trabajo de una dirección del Minedu sino un proyecto de país.

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