El Comercio: Presencia de mujeres en altos cargos públicos no supera el 35%

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La aprobación de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que descartó el principio de paridad de género, ha puesto en debate la participación femenina en altos cargos del Estado. En informe publicado el 9 de febrero, El Comercio comprobó quiénes son los actuales titulares de pliegos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en gobiernos regionales y organismos autónomos para establecer la proporción entre hombres y mujeres. En ninguno de esos niveles, el porcentaje de mujeres superó la barrera del 35%.

El presidente Martín Vizcarra propuso una ley para lograr la paridad en la JNJ, pero el Ejecutivo no ha conseguido mantener ese principio en el nombramiento de sus más altos funcionarios. Por ejemplo, en el Gabinete Ministerial solo hay 26% de participación femenina.

En un nivel inferior, las mujeres solo ocupan 13 de los 37 viceministerios y 55 de las 156 direcciones generales (una de estas ahora sin titular), estas últimas encargadas de implementar las políticas sectoriales de cada cartera. A estos puestos no se llega por concurso, sino por designación del Ejecutivo.

Estado peruano

(Composición: El Comercio)

Sus puestos están concentrados en los ministerios sociales [ver infografía]. En tanto, ninguna mujer ha sido nombrada en cargos equivalentes en los sectores de Defensa e Interior. Esto coincide con otro dato histórico: hasta la fecha los altos mandos de las instituciones armadas y del fuero de justicia militar-policial solo han sido hombres.

La ex ministra de Interior Mercedes Cabanillas recuerda que su nombramiento generó expectativa. “La ausencia de mujeres es más sentida en algunos sectores que en otros. Se presume que algunas actividades profesionales o técnicas tienen sexo, y eso no es así”, afirma.

El Ejecutivo también es responsable de la designación de las 17 jefaturas de los organismos públicos especializados, entre los que se encuentran la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat), el Instituto Nacional de Estadística y la Oficina de Migraciones. Solo el 24% de las más altas autoridades de esas instituciones son mujeres.

–Situación generalizada–
En el Legislativo, las cifras de representación femenina no crecen: solo tienen el 30% de escaños, alcanzados mediante voto popular. Su presencia no guarda correlación con la cantidad de cargos importantes elegidos de forma interna para el período 2018-2019. Solo una de las 11 bancadas formadas (incluida Acción Republicana) tiene una vocera titular, mientras que cuatro de 24 comisiones ordinarias son presididas por parlamentarias.

Las votaciones en el pleno del Congreso para el nombramiento de los actuales altos funcionarios de organismos autónomos omitieron criterios de paridad. Desde el 2014, cuando se eligió a seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC), el Legislativo solo ha votado a favor de dos mujeres para 13 puestos: Socorro Heysen –a propuesta del Ejecutivo– en la jefatura de la Superintendencia de Banca y Seguros, y Marianella Ledesma en el TC.

Un caso especial en el nombramiento de autoridades de este tipo es el Banco Central de Reserva, donde los siete directores, nombrados por Ejecutivo y Legislativo, son varones.

La justicia también tiene rostro masculino. Cifras elaboradas por la Comisión de Género del Poder Judicial indican que el nombramiento de mujeres decrece conforme las responsabilidades son mayores en la estructura institucional.

Mientras a nivel de jueces de paz letrados, la proporción entre hombres y mujeres va casi a la par, a nivel de jueces supremos la diferencia es alta: de los 18 titulares integrantes de la sala plena, cuatro son mujeres. Antes de la destitución del ex juez César Hinostroza, el equilibrio era aun menor.

En el Ministerio Público, solo una mujer ocupa una de las cinco plazas de fiscal supremo titular, designadas por el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora cesado de sus funciones. Tras la renuncia de Pedro Chávarry, Zoraida Ávalos preside la institución.

La magistrada Elvia Barrios señala que esta diferencia se debe a que históricamente las mujeres han tenido menores oportunidades de postular a escenarios de toma de decisiones. “Hay asimetría, pues hay más hombres postulando y tienen más posibilidad de ser elegidos”, afirma.

Barrios considera que por ello era importante que la ley de la JNJ establezca garantías para llevar a cabo la paridad con meritocracia. La presencia femenina en el órgano de selección de jueces y fiscales podía garantizar mayor participación en estas instituciones.

La situación más crítica está en los gobiernos locales. El último proceso electoral no arrojó ninguna mujer a la cabeza de alguno de los 25 gobiernos regionales del país. Solo cinco de estas autoridades llevaban como vicegobernadora a una mujer. Además, de las 195 alcaldías provinciales con resultados definitivos el 96% será liderado por varones.

La ex gobernadora regional de Arequipa Yamila Osorio afirma que las cuotas son importantes para la participación de mujeres, pero solo han funcionado en cargos legislativos, no en los ejecutivos.

“Cuando una mujer tiene un cargo muy visible, le critican cómo se viste, cómo se maquilla, si repite ropa. Si yo conseguía presupuesto, me decían que era porque les sonreía a altos funcionarios, no por mi capacidad”, recuerda Osorio.

Tomado de El Comercio

 
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