Edugestores propone: 1 – Descentralizar la ejecución de las políticas para adecuarlas a las características de cada territorio

Foro Gobiernos Regionales 2015

Los recientemente aprobados “Lineamientos para la gestión educativa descentralizada” (RSG 938-2015-MINEDU) plantean un nuevo escenario en el cual se precisan las responsabilidades de rectoría del Ministerio de Educación (Art. 6.2) y se establece que solo excepcionalmente implementa políticas siendo los gobiernos regionales quienes asumen esa responsabilidad, adecuándolas a cada contexto. Para este proceso, necesariamente gradual, es necesario destrabar un conjunto de candados que impiden actuar adecuadamente a las instancias de gestión educativa descentralizadas, especialmente para la gestión presupuestal. Para fortalecer la implementación descentralizada de las políticas se requiere:

  1. Convocar a profesionales preparados que conozcan el norte hacia el cual se dirige la educación. Se requiere seleccionar de acuerdo a perfiles de puesto y mediante concurso público y una rigurosa evaluación al personal para cargos de gestión educativa considerando requisitos mínimos y de acuerdo a la normativa del servicio civil y carrera pública magisterial. Empezar seleccionando a los directivos públicos en el MINEDU, las DRE y las UGEL y seguir con la selección de servidores públicos para puestos de las diferentes áreas. Para ello es necesario establecer con claridad los roles, responsabilidades y servicios que proveerá cada instancia de gestión educativa descentralizada, definir los perfiles de puesto de funcionarios, especialistas y trabajadores administrativos en función de esos roles, responsabilidades y elaborar manuales en versiones físicas y digitales para cada puesto de trabajo que describan lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. La selección y ratificación periódica de estos funcionarios y servidores debe tomar en cuenta el desempeño en el Sector, aportes, investigaciones y otros criterios relevantes para asumir cargos de gestión educativa de gran responsabilidad como los mencionados. También debe considerar la capacidad de liderar la implementación de políticas descentralizadoras y de modernización en todos los niveles de la gestión. La profesionalización del servicio público en educación supone mejorar las condiciones y desarrollo de las y los servidores que gestionan el sistema educativo, implementando el nuevo régimen del servicio civil (compensaciones, gestión del rendimiento, diseño de puestos y que estos respondan a los procesos, capacitación, clima laboral).
  2. Fortalecer la capacidad de acción de los gobiernos regionales generando condiciones para el ejercicio de las funciones descentralizadas:
    • Formulación del modelo de gestión regional que responda a sus planes estratégicos y las características del territorio.
    • Agilizar la conversión de Unidades Operativas en Unidades Ejecutoras en las DRE.
    • Compromiso de los directivos y servidores públicos de los Gobiernos Regionales con la implementación de proyectos, planes y programas previo análisis del nivel de su participación y responsabilidad con los resultados de cada programa y/o política a implementarse.
    • Contratación de especialistas en procesos administrativas y económicos para mejorar la eficiencia en la gestión.
    • Fortalecimiento del planeamiento y la gestión presupuestal descentralizada con énfasis en las UGEL.
    • Cuadros de Asignación de Personal y plazas para contar con profesionales competentes y honorables que se hagan cargo de estas funciones
    • Desarrollo de capacidades del personal responsable del cumplimiento de estas funciones.
    • Sistemas de información, administrativos, financieros, que permitan o faciliten la autonomía y toma de decisiones en las regiones.
    • Autonomía para innovar procedimientos asociados a sus funciones administrativas y económicas.
    • Cooperación con los gobiernos locales para que destinen mayores recursos en favor de la educación.
  3. Priorizar la gestión descentralizada de la educación rural, intercultural bilingüe, de la primera infancia y la reforma de la formación docente. El proceso de implementación descentralizada de las políticas educativas requiere trazar una ruta de gradualidad priorizando algunas políticas. Se propone empezar por cuatro en las que la necesidad de una gestión territorial es más urgente y factible.
    La educación rural. Según el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE 2013), la brecha entre la educación rural y urbana en el Perú sigue siendo de las más altas en la Región.  Tenemos escuelas rurales con seis grados de primaria en una sola aula, con un profesor que debe desempeñarse en dos lenguas y, además, debe enseñar todos los cursos.
    La educación intercultural bilingüe. Dar sostenibilidad a la implementación de la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe es una segunda prioridad con el fin de garantizar el derecho de niños y niñas de pueblos andinos y amazónicos a desarrollar competencias y capacidades pertinentes para su lengua y su cultura a la vez que para responder a los desafíos socioeconómicos, políticos y culturales del país en condiciones de igualdad al de otros niños y niñas.
    La atención integral a la primera infancia. Atender y proteger contra la desnutrición, las enfermedades y el escaso estímulo al desarrollo motor, socioemocional o cognitivo desde los primeros años de vida es una prioridad esencial para cerrar las brechas de pobreza y desigualdad. Programas de nutrición, salud y educación dirigidos a la primera infancia como “Incluir para Crecer” que lidera el MIDIS o el Programa Presupuestal Ampliación de Cobertura de la Educación Inicial para niños de 3 a 5 años que lidera el MINEDU, han contribuido a mejorar el bienestar de esta población. No obstante, persisten las brechas de calidad en los servicios que se les brinda y los niños menores de tres años continúan desatendidos siendo más efectiva la articulación intersectorial a nivel local y regional.
    La reforma integral de la formación docente que garantice su calidad tanto en su fase inicial (reclutamiento, acompañamiento y evaluación sistémica, reconocimiento social y económico) como en su fase en servicio.  Una política de formación docente continua que responda a las necesidades de cada región y  rompa con la división tradicional entre formación inicial y en servicio. La formación docente debe centrarse en ofrecer oportunidades de aprendizaje, formales o informales, a los docentes y  contribuir a mejorar su desempeño en aula o en otros roles así como promover la indagación y reflexión sobre la práctica profesional individual y colectiva  para mejorar la calidad y resultados de la educación .
    La calidad y equidad de la educación rural, EIB, atención a la primera infancia y formación docente – servicios indispensables para el cierre de las brechas de pobreza y desigualdad  en cada territorio – depende de la capacidad del sistema educativo regional o local de responder a las necesidades particulares de desarrollo de su población rural,  originaria, infantil y  docente y movilizarla para el cambio. La capacidad para mejorar estos servicios es influida también por la visión de desarrollo territorial y desarrollo educativo (PER o PEL), concertados con la población que se identifica con ese territorio, sus lenguas y culturas, historia, geografía y valores. Sólo una gestión descentralizada, desde un gobierno local o regional, es capaz de involucrar y movilizar directamente a la población en el  cambio, el aprendizaje y el cierre de estas brechas.
 
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