Primeras medidas del ministro Vexler, un artículo de Hugo Díaz

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Por Hugo Díaz

Luego de ocho meses como ministra de Educación, Marilú Martens fue reemplazada por Idel Vexler. A ella le tocó enfrentar un conflicto magisterial sui generis que a cualquiera que haya estado en su cargo le hubiera sido muy difícil manejar. Criticada más en base al cálculo polí­tico, el tiempo hará que su gestión sea juzgada con mayor objetividad.

A dos semanas de asumir el cargo, Idel Vexler ha adoptado las primeras medidas. No cabe duda que su experiencia en el manejo de los asuntos del sector y su preocupación constante por monitorear la polí­tica educativa le están sirviendo. Veamos esas medidas:

Evaluación de estudiantes. Uno de los anuncios iniciales ha sido suspender la evaluación de estudiantes 2017 al no darse las condiciones para realizarla. En un año de asistencia escolar muy irregular, debido al Niño Costero y la prolongada huelga magisterial, la información que iba a brindar evaluación era poco útil y no comparable con años anteriores. Además, esta decisión puede ser la ocasión para revisar las finalidades, modelo y utilidad de esta evaluación por la gran importancia que ella reviste y tomando en cuenta las experiencias exitosas en otros paí­ses. Varios especialistas opinan que el actual modelo se agotó y que, sin eliminar su práctica, habrá que recurrir a nuevas estrategias, en especial, basadas en el protagonismo de los centros educativos para aplicar sus propias pruebas o pruebas estandarizadas que el Ministerio de Educación o los gobiernos regionales podrán sugerir. No se elimina la posibilidad que, para monitorear el desempeño general del sistema, se apliquen pruebas nacionales, pero a menor escala, en un mayor número de grados y áreas curriculares, explorando variables que difí­cilmente se pueden captar en censos o muestras de gran tamaño.

Polí­tica curricular. Desde un primer momento el ministro Vexler ha destacado que el Currí­culo Nacional debe expresarse en un documento más sencillo, fácil de entender y de ser implementado por los docentes. No le falta razón, pues además de haber sufrido innumerables cambios durante el tiempo que demandó su diseño, introdujo nuevos conceptos y maneras de medir y evaluar los aprendizajes que aún no son suficientemente asimilados por los docentes que ahora lo implementan. Su intención es, además de buscar la mejor compresión del Currí­culo Nacional, replantear la estrategia prevista para el 2018, siendo menos ambicioso en la cobertura y metas de implementación. Será, en los años siguientes, que podrí­a acelerarse su aplicación, pero asegurando las mejores condiciones en cuanto a difusión, capacitación, acompañamiento y monitoreo para su retroalimentación. Seguramente en la realización de los reajustes que serán aplicados el próximo año volverán a cobrar vigencia los debates relacionados con la identidad de género. Respetar el enfoque de derechos en este tema, tal como ha sido abordado en el Currículo Nacional, deberá ser un aspecto a preservar.

Evaluación del desempeño docente. La opinión del ministro es mantener la evaluación del desempeño docente pero con una variante: la que se aplique en 2017 sirve en los concursos de carrera para los que la aprueban, pero no ocasiona ninguna consecuencia para los que no la aprueban. Es una decisión que está generando polémica y algunas críticas ya que puede interpretarse como que el Ministerio de Educación renuncia a las consecuencias de la evaluación como criterio de mérito y ascenso en la carrera en momentos que la opinión pública apoya mayoritariamente este mecanismo. El otro cuestionamiento que se hace este anuncio, para ser viable, requiere un marco legal de respaldo. Por ahora, interpretando estrictamente el contenido de la Ley de Reforma Magisterial, si el docente desaprueba la evaluación del desempeño debe contabilizarse como la primera desaprobación. Una posibilidad que el ministro Vexler tendría para mantener su posición es cambiar la finalidad de la evaluación; es decir, que por ahora sea un programa piloto o de comprobación de la pertinencia de los instrumentos y no parte de un proceso cuya estrategia previó generalizar la evaluación del desempeño en el 100% de docentes el 2021.

Frente a la decisión de mantener la evaluación del desempeño docente, el gobierno enfrenta la negativa de llevarla adelante de los gobiernos regionales de Cusco y Puno. Mediante ordenanzas regionales, han decidido suspender la ejecución de esta evaluación, que comprende alrededor de 5 500 docentes de educación inicial, argumentando que entre sus atribuciones está la formulación de polí­ticas educativas en sus regiones correspondientes. A esta rebeldía se sumarán otros, como los de Arequipa, Moquegua y Tacna. Se espera que esta actitud no siga prosperando. Hay que recordar que corresponde al Ministerio de Educación la formulación de la polí­tica nacional de educación. Para zanjar este tema será importante el rol que juegue el Procurador de Educación y, en caso de presentarse una demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional. Seguramente lo que hará este último será ceñirse a lo que establecen las normas, pero las actitudes que surgen de gobiernos regionales como los citados generan un clima de desconcierto e inestabilidad sobre un tema en el cual no deberí­a haber marcha atrás. Los instrumentos pueden perfeccionarse, pero la evaluación como expresión de aplicación del principio del mérito no debe ser negociable.

Ley Universitaria. Es una polí­tica que tendrá que ser explí­cita con claridad. No cabe duda que, a pesar de todos los cuestionamientos, la Ley está sirviendo para que muchas universidades se preocupen por la calidad de los servicios que ofrecen. Es más, algunas han visto por conveniente cerrar parte de sus filiales y otras hacen frente a las denuncias que hizo la Sunedu de estar ofreciendo carreras no autorizadas. Son medidas que van en defensa de los miles de usuarios de estos servicios.

Si bien no se discute la necesidad del licenciamiento como una herramienta para exigir a las universidades estándares mí­nimos de funcionamiento, hay muchos, inclusive, defensores de la Ley, que opinan que los procedimientos de evaluación son poco flexibles y, a veces hasta anecdóticos o que le restan relevancia. Dos ejemplos: se solicitan copias del Estatuto de la Universidad tantas veces como es demandado para fundamentar un indicador de la evaluación. El otro ejemplo lo comenta en una entrevista Efraí­n Gonzales, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú: los especialistas de la Sunedu cuestionaban en el expediente presentado por la universidad de dos recibos de electricidad, sin percatarse que el local donde funciona tiene salida por dos frentes. Superadas estas limitaciones de los procedimientos de evaluación el licenciamiento deberí­a mantener su vigencia.

Lo que deberá evitar el Ministro de Educación y el Congreso de la República es que las presiones por intereses particulares los obliguen a volver al pasado o recurrir a fórmulas legales donde el interés de defender el derecho de la sociedad y de los usuarios de tener una universidad de calidad, pase a un segundo plano.

Relaciones con el sindicato. Un frente que seguirá siendo preocupación del gobierno es el magisterial. La prolongada huelga se superó, pero continúan las amenazas de nuevas paralizaciones, las demandas de facciones aún no reconocidas oficialmente, por mantener el diálogo y seguir avanzando en supuestas nuevas conquistas, muchas veces inviables, que solo buscan ganarse engañosamente la adhesión de un número creciente de profesores del magisterio estatal.

Algunas medidas adoptadas por Idel Vexler han sido la designación de un encargado de las relaciones con el gremio de educadores y mantener la decisión adoptada por su antecesora de dejar en manos de los gobiernos regionales la continuación del diálogo con los representantes sindicales mediante la conformación de las mesas de trabajo formadas para tal propósito. El reconocimiento de facciones del sindicato corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Lo que representará un gran desafío para su gestión será cumplir con el acuerdo firmado con los representantes del sindicato que establece, entre otras medidas, el compromiso del Ministerio de Educación de elaborar un estudio técnico sobre incrementos graduales de la remuneración docente para alcanzar una UIT al 2021, el mismo que será presentado al Ministerio de Economí­a y Finanzas en diciembre de 2017. La UIT para este año se estableció en 4 060 soles.

Habrá que evaluar la forma y posibilidad de cumplir con esa meta. El tiempo es corto, las demandas de presupuesto son grandes y la perspectiva de la economí­a nacional no es tan buena como en el quinquenio anterior. Si bien es urgente continuar con la mejora salarial, también es recomendable ejecutar una propuesta realista de mejora gradual en el transcurso de los años siguientes. De lo contrario, la decepción de promesas no cumplidas podrí­a aumentar y, con ello, las amenazas de huelga.

Además, por ahora los conflictos están centrados en los maestros de la educación básica. Habrá también la necesidad de atender las demandas económicas de los docentes de los institutos y escuelas de educación superior y los de las universidades que seguramente presionarán por mejoras salariales, así como aumentar el financiamiento para implementar las nuevas leyes de educación superior.

Siendo significativos los recursos que implican los aumentos, una pregunta que no hay que dejar de lado es: ¿cuánto queda para implementar otras polí­ticas y factores de calidad, además de las mencionadas leyes de educación superior? El maestro es el factor más importante pero su aporte requiere ser complementado con otras medidas que igualmente demandan presupuesto. Hay quienes opinan que como el sector educación devuelve recursos presupuestarios todos los años, esa podrí­a ser una fuente de financiamiento. No obstante, las rigideces de ejecución del presupuesto no hacen fácil esa posibilidad; tampoco el objetivo del Ministerio de Economía y Finanzas es que los sectores gasten el 100% de su presupuesto ya que es una forma de controlar el aumento del déficit fiscal.

Las demandas para financiar las polí­ticas educativas, de salud, seguridad ciudadana y la reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño Costero, implican una mayor participación del presupuesto público en el producto interno bruto. Por ahora es difí­cil de que esa participación aumente sustantivamente. La alternativa sería subir la carga tributaria, lo que nos costaría a todos los peruanos. Deberí­amos hacerlo; eso sí­, involucrando ciertos compromisos por parte del magisterio nacional: que en la calidad de su trabajo se vayan demostrando progresos cualitativos en su asistencia y puntualidad, en la calidad de la educación y en los resultados de aprendizaje. Ojalá así sea.

Recuperación de clases en lo que resta del año escolar. Idel Vexler ha manifestado su deseo de recuperar el máximo de tiempo de clases perdido durante este año. La situación es variada según regiones, incluso entre escuelas de una región. En sus declaraciones se inclina por permitir que, donde sea necesario, el año escolar pueda extenderse hasta enero. Habrá que evaluar la factibilidad de esta medida. Hay que recordar que las regiones donde posiblemente se perdió el mayor número de horas de clases son las que presentan condiciones climáticas que no favorecen la extensión del año escolar. De otro lado, hay una logí­stica que organizar. Generalmente enero es el mes de vacaciones para el personal directivo, administrativo y de servicios, necesarios para esta alternativa de recuperación de horas de clase. En tercer lugar, cabe preguntarse si los estudiantes deben ser los que paguen las consecuencias de la huelga y que recorten sus vacaciones de fin del año escolar. Muchos, desde setiembre y lo que resta del año serán obligados a asistir en horario extra, además del tiempo que se programe para enero. No parecerí­a una medida muy justa.

Un comentario adicional sobre la recuperación de clases. Es cierto que en la preocupación del gobierno estaba la necesidad de que los maestros levanten la huelga lo más pronto posible. Ello quizá fue un factor que abrió la posibilidad de que los que hací­an huelga puedan recuperar sus remuneraciones descontadas si recuperaban clases. Como antecedente para conflictos futuros puede no haber sido una buena medida. Peor aún para los docentes que no participaron de la huelga y que fueron a trabajar a sus escuelas. Ahora son obligados por sus directores a participar, al igual que los huelguistas, del plan de recuperación de clases; en este caso, sin compensación económica alguna. No será de extrañar que en un siguiente conflicto laboral esos docentes se sumen a la paralización. Es un tema para ser evaluado por el nuevo Ministro de Educación al que se le desea muchos éxitos en su gestión.

Publicado el 30 de setiembre de 2017 en Educared de Fundación Telefónica.

Foto: Canal N.

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