Aporte Edugestor: La urgencia de una estrategia de educación comunitaria para luchar contra la COVID-19

Por  José Luis Calle Sosa

Hemos empezado este año 2021 con la segunda ola de la COVID-19. Los datos, los hechos y las experiencias que vemos a diario nos recuerdan lo dramático y mortal que puede ser esta epidemia; nos hacen recordar los meses de abril y mayo del año pasado. Ya hay voces de expertos en salud que nos dan la alerta que si las entidades gubernamentales competentes no gestionan acertadamente esta segunda ola y si cada ciudadano no desarrolla las adecuadas conductas de autocuidado y cuidado mutuo, podríamos vivir una crisis de mayores magnitudes que la del año pasado. Una crisis no sólo en lo sanitario que se traduce en más enfermedad y muerte; sino también se incrementa la crisis económica, social y política que vivimos como país debido a la pandemia.

Una vez más, como si no hubiéramos aprendido del miedo, el dolor y la muerte que hemos vivido en 2020 a causa de este virus mortal, junto a las persistentes deficiencias en la gestión de las estrategias y la oferta de servicios de salud en el primer y segundo nivel de atención, nuestras conductas se convierten en una de la principal causa de este grave problema de salud pública, pues subsisten comportamientos de riesgos: i) Mal uso de la mascarilla y resistencia a utilizar protector facial en el transporte público y espacios con aglomeraciones; ii) fiestas sociales y familiares; iii) actividades económicas y sociales sin los protocolos de bioseguridad; iv) subestimación de la enfermedad, automedicación y retraso en acudir a los servicios de salud; v) resistencia a las vacunas y creencias en teorías de conspiración; vi) creencias sobre tratamientos caseros y alternativos; viii) confianza errónea a no ser pasible de enfermarse o de agravarse en caso de enfermarse, etc.  Lo que sostiene estas conductas de riesgo son una serie de hábitos sociales y necesidades socioeconómicas que generan patrones conductuales inerciales y reactivos; así como creencias populares mágico-religiosas alejadas de la ciencia y las evidencias diarias que viven miles de personas sobre la enfermedad, que producen una serie de sesgos cognitivos al momento de tomar una decisión.

Ya el Ministerio de Salud (MINSA), en su Plan de preparación y respuesta ante posible segunda ola pandémica por COVID-19 en el Perú aprobado con la R.M. Nro. 928-2020/MINSA, plantea como problema la “Presentación de una segunda ola pandémica en el Perú con elevado impacto en la morbilidad y mortalidad en la población”. Al respecto identifica diversas causas, entre las cuales se señalan: i) las insuficientes medidas de prevención y mitigación; y ii) el bajo nivel de conocimiento de la población y limitada percepción de riesgo de transmisión del SARS-CoV-2. Estas causas hacen sinergias con las demás causas relacionadas los problemas de: i) Débil coordinación y planificación para la respuesta; ii) detección tardía de los casos COVID-19; iii) limitada capacidad de oferta de servicios; y iv) débil soporte administrativo y logístico que limita la disponibilidad de suministros estratégicos que demanda la prevención y atención de la COVID-19.

Por esa razón, en el referido plan del MINSA se plantean una serie de acciones propiamente educativas dirigidas a la población para impulsar el conocimiento y práctica de conductas para prevenir, contener y mitigar la enfermedad, tales como: i) sesiones educativas de prácticas saludables; ii) entrega de elementos de protección; iii) campañas de información con mensajes de prevención y control; iv) difusión de uso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y otros productos farmacéuticos para el manejo de la COVID-19 y los riesgos de la automedicación; y v) alertas de seguridad, calidad y falsificación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos de uso en el diagnóstico y tratamiento de COVID-19, entre otras.

No queda duda alguna que urge diseñar e implementar una estrategia de educación comunitaria para impulsar en la población el desarrollo de aprendizajes y comportamientos concretos socialmente responsables y acertados para prevenir, contener y mitigar el avance y los impactos de la COVID-19.  Esta tarea supera con creces las capacidades operativas del sector Salud, pues sus mayores esfuerzos y sentido de urgencia están puestos en los servicios de atención hospitalaria y atención ambulatoria de las personas que padecen la enfermedad. Las acciones de promoción de salud se han reducido básicamente a campañas de comunicación en medios masivos con escaso impacto en el cambio de conductas y disminución de ideas seudocientíficas.

Dado que persisten los graves problemas de comportamientos individuales y sociales respecto a la prevención, contención y mitigación de la COVID-19 y ante la gravedad de la segunda ola de pandemia, queda claro que los esfuerzos comunicacionales que se vienen desarrollando desde los diversos sectores del Estado y de los medios privados de comunicación, aún están lejos de generar conocimientos y conductas proactivas, responsables y resilientes en la población. Paradójicamente, luego de casi diez meses de crisis de pandemia, en la población se han generado una serie de creencias e ideas seudocientíficas respecto a prevención y tratamientos de la enfermedad con consecuencias trágicas para la salud y la vida.

Por ello, considero necesario que el sector Educación, desde el Minedu, las DRE, GRE y las UGEL tengan un mayor protagonismo desde sus políticas de educación comunitaria. En términos normativos, el Minedu y todas las instancias descentralizadas del sector deben desarrollar programas de educación comunitaria, tal como lo estipulan la Ley Nro. 28044, Ley General de Educación en su Artículo 48; el Reglamento de la referida Ley aprobado mediante el DS Nro. 011-2012-ED en su Artículo 111; así como los Lineamientos de Educación Comunitaria, aprobados con la RM Nro. 571-2018-MINEDU.

Por otro lado, en relación a la acción del Minedu en la gestión del riesgo de desastres en el ámbito de su competencia, su Reglamento de Organización y Funciones -ROF- aprobado por el DS Nro. 001-2015-MINEDU, señala en su Artículo Nro. 69 que la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres es la unidad orgánica “responsable de conducir las acciones en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, Seguridad y Defensa Nacional”.  Por ello, dentro de sus funciones se determina que esta oficina tiene la función de diseñar y orientar la implementación del Plan Nacional de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia (Artículo 69, numeral g).

Esta articulación de la educación comunitaria y la gestión de riesgo de desastres pone al Minedu y a todas las instancias descentralizadas del sistema educativo, en un rol crítico en estos momentos de pandemia por la COVID-19.  Un rol que plantea el imperativo de mirar más allá de las fronteras escolarizadas, para liderar y desarrollar de manera intersectorial e intergubernamental procesos territoriales de educación comunitaria, de la mano con el MINSA, el MIDIS, la PCM, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las organizaciones de sociedad civil, el sector privado, las organizaciones comunitarias, entre otros. Para ello, tiene al Programa Presupuestal 0068 “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres” – Prevaed, el cual es una importante herramienta presupuestal y de gestión, así como de articulación territorial intergubernamental e intersectorial.

Es urgente que el sistema educativo elabore e implemente un programa nacional, regional y local de educación comunitaria con el propósito de lograr que la población afiance aprendizajes y comportamientos efectivos frente a la COVID-19, para: i) prevenir los contagios; ii) identificar signos de riesgo individual y social; iii) manejar sus riesgos recurriendo a los servicios de salud de manera oportuna sin automedicarse; iv) cuidado individual y familiar ante una cuarentena debido a la enfermedad; v) gestión de emociones de familiares que tienen un ser querido enfermo; vi) gestión de emociones y resiliencia ante el fallecimiento de un ser querido; y v) acciones comunitarias de responsabilidad y solidaridad ciudadana. Un programa como este se constituye en una intervención que hace sinergia y se articula a las demás estrategias relacionadas a: i) conducción y planificación coordinada de la respuesta gubernamental de lucha contra la COVID-19; ii) vigilancia epidemiológica y detección temprana de los casos COVID-19; iii) fortalecimiento de la capacidad operativa de la oferta de servicios de salud del primer y segundo nivel de atención; iv) afianzamiento del soporte administrativos y logístico que limita la disponibilidad de suministros estratégicos que demanda la prevención y atención de la COVID-19.

Generar este tipo de conductas concretas implica desarrollar procesos educativos reflexivos sociocríticos y dialógicos para construir nuevos aprendizajes éticos y científicos que desestructuren los hábitos, inercias conductuales, creencias y arquitecturas sociales de toma de decisiones que hoy están generando las conductas de riesgo. Hay que ir más allá de la transmisión y difusión de mensajes claves a través de los medios de comunicación; se hace necesario emprender procesos de educación comunitaria en las calles, los centros de trabajo, en el transporte público, los mercados, la familia y los espacios virtuales; ahí donde las personas interactúan cotidianamente; procesos educativos que sean desarrollados por personas referentes en estos espacios comunitarios con capacidad de socializar y generar conocimientos y conductas asertivas para luchar contra la COVID-19.

Para el diseño e implementación de esta estrategia de educación comunitaria para prevenir, contener y mitigar la COVID-19 desde el sector Educación, se cuenta con un importante capital humano en los distritos y regiones de promotores o agentes comunitarios y docentes con experiencias en el desarrollo de procesos educativos populares y de promoción de la salud; así como de organizaciones gubernamentales, sociales y privadas que ya vienen desarrollando diversas acciones informativas y educativas para la prevención de la COVID-19.  Estos actores constituyen un tejido social altamente potente para hacer efectiva y pertinente las acciones de educación comunitaria.

Asimismo, existe un cuerpo teórico y de experiencias de la economía del comportamiento aplicado al desarrollo de políticas públicas que nos ofrecen importantes saberes, metodologías e instrumentos para aplicar en el contexto de esta pandemia; que no sólo nos puede ayudar a desarrollar acciones educativas en los diversos escenarios sociales, sino también a construir arquitecturas de toma de decisiones que faciliten a las personas a tomar decisiones acertadas y adoptar los comportamientos sociales esperados según las circunstancias y los desafíos que nos plantea la lucha contra la COVID-19.

Finalmente, hay que tener en cuenta que lograr que la población afiance aprendizajes y comportamientos sociales para prevenir, contener y mitigar la COVID-19, es el reflejo del ejercicio efectivo de ciudadanía por parte cada peruano y peruana, con un sentido de responsabilidad pública de autocuidado, cuidado de los demás y sacar a nuestro a país desde esta crisis.  La educación comunitaria representa, por tanto, una importante oportunidad para afianzar la ciudadanía en tiempos de pandemia y fortalecer el tejido social e institucional; y así transformar esta crisis en un punto de inflexión para avanzar hacia un país con ciudadanos y ciudadanas que construyen un país más justo, inclusivo, democrático y competitivo.

Piura, 27/01/21

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