Aporte edugestor: ¿Qué podemos esperar y exigir las familias de las IIEE públicas en Aprendo en Casa?

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Por José Luis Calle Sosa

Escribo estas notas como un padre de familia, pues tengo una hija adolescente que cursa el 5to. Año de Secundaria en una institución educativa pública. Igualmente, todos mis sobrinos estudian en escuelas públicas.  Entonces, más que fungir de analista de políticas públicas, en este momento quiero expresar mis apreciaciones, incertidumbres, preocupaciones y expectativas sobre los servicios educativos que en este momento mi hija y mis sobrinos están recibiendo desde el Estado en el contexto del Estado de Emergencia por el COVID-19.

Me parece clave generar y estimular un “espacio” (virtual y mediático) para que las madres y los padres familia, así como los estudiantes, expresen sus apreciaciones respecto a cómo valoran y qué esperan de los servicios educativos que se vienen dando como parte de la estrategia “Aprendo en Casa”.

Digo ello porque las voces que más se han expresado y han sido objeto de debate público han sido las de las familias, que tienen hijos e hijas en instituciones educativas privadas; quienes, partiendo de la preocupación urgente del pago de las pensiones educativas en esta emergencia sanitaria, ponen en debate y en cuestión qué servicios educativos esperan en estos momentos de confinamiento y aislamiento y qué resultados de aprendizajes esperan para sus hijos e hijas. Es evidente que dada la relación crematística entre las instituciones educativas privadas y las familias que reciben sus servicios, las expectativas, exigencias e interacciones adquieren una dinámica y naturaleza muy distintas a lo que sucede en el sistema de educación pública, motivos por los cuales el Estado busca “intermediar” y “regular” en esta situación, para salvaguardar la calidad de los servicios educativos que reciben los estudiantes de dichas escuelas.

A diferencia de ello, la relación entre las familias y las instituciones educativas públicas –en particular- y el Estado –en general- es más pasiva y vertical. Pasiva porque dado que no tenemos que pagar directamente –aunque sí pagamos a través de nuestros impuestos- por los servicios educativos que reciben nuestros hijos e hijas, nuestras expectativas y exigencias son muy difusas y poco definidas, más aún cuando la epidemia del coronavirus ha hecho de la salud, la alimentación, los ingresos económicos y la vivienda nuestras prioridades vitales y de primer orden.  Y vertical, porque sólo nos toca ser receptores –acaso “agradecidos”- de lo que el Estado puede y decide brindar en este contexto, por lo que nuestros parámetros de exigencias y expectativas terminan siendo modulados por el propio actuar del Estado, desde el nivel nacional hasta los niveles subnacionales, y por los propios docentes y directivos de las instituciones educativas.

Este contexto público de la educación en el país, modulado por la llamada cuarentena y lo que viene una vez culminada, se ha configurado por dos escenarios y dinámicas de discusión pública marcadamente diferentes. Por un lado, está el escenario de la educación pública, en donde la actuación del Estado –en sus diferentes niveles- marca el devenir de la política y, por otro lado, la educación privada, marcada por un debate abierto entre las familias y los proveedores de los servicios educativos.  En este debate están en juego la vida educativa de 8.3 millones de estudiantes de la Educación Básica del país; de los cuales, 6.1 millones (74.4%) estudian en instituciones públicas; y 2.1 millones de estudiantes en instituciones privadas (25.6%)[1].

Me parece fundamental establecer una relación horizontal entre las familias (padres, madres y estudiantes) y las instituciones educativas –en particular- y el Estado –en general- respecto a las políticas educativas y los servicios educativos que proveen. Si bien no hay una relación económica que se traduzca en el pago de una pensión mensual como la hay en la educación privada, sí hay una relación de ciudadanía basadas en derechos y deberes entre todos los actores, como son los estudiantes y las familias, los docentes y los directivos de las instituciones educativas, así como las instancias nacionales y las instancias descentralizadas de gestión educativa. Bajo esta relación horizontal de ciudadanía, se hace necesario construir los mínimos exigibles y esperados entre los actores, en especial de los gestores públicos del sistema educativo que son quienes perciben un pago a cambio de una contraprestación efectiva de un servicio educativo, ya sea como docente, ya sea como administrativo.

Es por ello que el marco normativo que se va generando para regular el funcionamiento de los servicios educativos en este contexto de emergencia sanitaria por el COVID -19, deben definir los estándares mínimos exigibles y esperados, en lo pedagógico y en lo institucional.  Estos estándares mínimos deben: i) Garantizar que el año escolar no se pierda; ii) permitir definir los aprendizajes y sus niveles de logros mínimos que deben y pueden alcanzar los estudiantes; iii) establecer las características mínimas de los servicios educativos que se requiere para alcanzar los resultados, en términos de tiempo, acciones, medios, recursos, interacción, entre otros.; iv) facilitar que los servicios educativos sean diversificados a los diversos escenarios y contextos; y, v) contar con un sistema de evaluación que permita medir paulatinamente y acreditar el logro de aprendizajes.

Desde la perspectiva de padre de familia de una institución educativa pública, percibo que los servicios educativos que se vienen brindando en estos momentos presentan enormes brechas respecto a estándares mínimos de calidad. Nuestras exigencias de estándares se motivan por dos razones claves. La primera es una razón sustancial, la cual es la obligación que tenemos como familia y Estado, de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la Educación; y la segunda es una razón pragmática administrativa, que es el deber del Estado de convertir la amplitud de recursos públicos (personal, organización, equipamientos, presupuesto, etc.) en servicios públicos efectivos, con estándares mínimos exigibles de calidad.

[1] Datos del Censo Escolar 2019, publicas en ESCALE del Minedu.

Foto: Minedu

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