La educación pública y la inclusión de estudiantes de la educación privada, un artículo de Manuel Iguiñiz

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Por Manuel Iguiñiz

Ante la catástrofe social y educativa asociada al desarrollo de la pandemia y el aislamiento físico en el país, el Gobierno se ha comprometido a movilizar la educación pública en el marco de una respuesta amplia.

Según las expresiones del Ministro de Educación, este compromiso busca, en primer lugar, garantizar la continuidad del servicio educativo. En segundo lugar, busca reducir la histórica brecha educativa y la creciente brecha digital entre estudiantes de áreas urbanas y rurales e incluso entre estudiantes de diferentes estratos económicos en las áreas urbanas, entregando una Tablet por estudiante.

El Ministerio de Educación también ha planteado a través de recientes disposiciones, la exigencia de una adecuación pedagógica de las actividades para la generación de aprendizajes de cara a lo que está sucediendo en el país y desarrollando contenidos de ciudadanía mirando al país.

En este comentario vamos a poner atención en el primer objetivo señalado, el de garantizar la continuidad del servicio educativo y en el desafío específico de articular las demandas al sector público provenientes de la educación privada.

Uno de los efectos de la catástrofe sanitaria es la crisis del mercado educativo privado, a partir de dos factores. Por un lado, el remezón en la demanda a consecuencia de la caída de los ingresos familiares.  El colapso de gran parte de los ingresos de las clases medias acarrea la crisis en el sector privado (para la variopinta educación privada el mercado es predominante). Por otro lado, desde la oferta, la poca claridad para los padres de familia respecto a lo que ofrecen los colegios privados en términos de educación a distancia y sus debilidades en dar respuesta asertiva a la nueva situación.

Por su parte, el Estado, en su rol de garante del derecho a la educación, ha tomado la iniciativa de atender al conjunto de los estudiantes tanto del sector público como privado. Es así que el Minedu ha respondido, junto con la supervisión de los planes de recuperación de clases de los colegios privados, con la ampliación de la matrícula pública para permitir el traslado de estudiantes del sector privado a instituciones educativas públicas. La Plataforma Virtual sitúa el período del 9 al 22 de mayo para solicitarla. Los próximos días, conoceremos la magnitud de la demanda, en una primera ola de traslados de estudiantes de la educación privada hacia la educación pública.

La migración de los colegios de bajo, medio y alto costo posiblemente sea diferenciada. También podría diferenciarse según fines, sean de lucro o asociativos. Asimismo, si son laicos o religiosos. Veremos las actitudes, ante las relaciones y vínculos sociales entre estudiantes y familias que se diferenciaron vía la educación privada.

La capacidad de acogida de la educación pública estará desafiada, pues recibirá a más estudiantes en condiciones, que sabemos no son las deseables. Uno de los sentidos de la educación pública es ser inclusiva para un Perú de todas las sangres. Ese sentido inclusivo sería favorecido con la respuesta del Estado de ampliar la matricula a todos los estudiantes que lo requieran, con criterio de territorialidad, matriculando a los estudiantes en colegios cercanos a su lugar de residencia.

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