Levantar la huelga y también al magisterio y a la escuela pública, un artículo de Carlos Malpica

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Por Carlos Malpica Faustor

El actual conflicto laboral entre el Ministerio de Educación y el magisterio nacional es de grandes proporciones y perjuicios, complejo y novedoso, y, por falta de un apropiado tratamiento, la situación se agrava y deviene cada día más imprevisible e inmanejable, involucrando de manera caótica a otros sectores y actores.

Las huelgas magisteriales han sido frecuentes en nuestro país (intervine indirecta y directamente en varias de ellas). Los principales desencadenantes han sido en las últimas décadas la pauperización de la educación pública (escuelas pobres, para los pobres, que fabrican más pobreza) y la proletarización del magisterio (los profesionales peor remunerados del sector público, que reclaman derechos y adeudos del Estado por devengados e intereses).

La principal motivación ha sido el hecho histórico de que las más importantes reivindicaciones en materia de condiciones laborales y remuneraciones las ha logrado el magisterio por la fuerza (manifestaciones, paros y huelgas, no libres de violencia y represión).

Todo ello, en el contexto de una insuficiente provisión de recursos financieros a la educación pública, que de conformidad con el Acuerdo Nacional y la Ley General de Educación debió alcanzar al 6% del PBI en el año 2012 y que en los últimos 15 años ha oscilado alrededor del 3%, sin llegar, hasta hoy, al 4%.

El actual poder adquisitivo de los maestros es la mitad del que tuvo en la década de los 70, y sus remuneraciones bordean hoy el monto de dos salarios mínimos. Por eso muchos de ellos cuentan con otro empleo u ocupación (y son ahora menos vulnerables ante los descuentos y la supresión de contratos). En gasto por alumno (en realidad en inversión directa en el capital humano de la Nación) el Perú se disputa por los últimos puestos en la región.

La situación de la infraestructura (locales, equipos, servicios y sistemas esenciales) de la educación pública es deplorable y se agrava cuando ocurren catastrófes naturales y no se le reconstruye en forma adecuada y oportuna; la falta de presupuesto para mantenimiento empeora más la situación.

Estamos muy lejos de lograr la meta de una educación para todos, gratuita y de calidad. Para ello un factor indispensable es que el magisterio atraiga a los mejores egresados de la educación eecundaria, desarrolle al máximo sus potencialidades y, mediante su carrera, promueva y retenga a los mejores.

Desde la década de los 60 los interlocutores formales en estos conflictos laborales fueron siempre el Ministerio de Educación y el Sutep. En las circunstancias actuales ambos actores han llegado a acuerdos; pero han sido sobrepasados. Los sindicatos magisteriales regionales (algunos de ellos ya inscritos en el Ministerio de Trabajo) continúan la huelga y demandan diálogo, se congregan y se orientan a crear una Confederación Nacional que se podrá inscribir también en el Ministerio de Trabajo y competir con el Sutep y su prerrogativas actuales (el caso emblemático es la gestión de la Derrama Magisterial).

El Minedu se ampara en un acuerdo del Presidente del Consejo de Ministros con los gobernadores regionales, para no tratar el conflicto con los dirigentes regionales de la huelga; pero el Presidente de la República contraría a todos ellos y anuncia que está dispuesto a recibirlos en Palacio de Gobierno, para tratar las medidas económicas que ha previsto, exigiéndoles, como única condición, el renunciar a la violencia. Es un gesto insólito, de pronóstico reservado y de alto riesgo para el Presidente de la República (como candidato firmó compromisos con la educación que debe explicar cómo cumplirlos durante su mandato), quien siendo el Jefe del Estado se involucra en un asunto que releva de la autoridad y entera responsabilidad del Gobierno (Poder Ejecutivo).

Pero no se trata solamente de resolver una emergencia; hay que poner las bases para negociar entendimientos democráticos y legales válidos, vinculantes por lo menos de aquí al 2021, dentro del contexto amplio del gobierno del sistema educativo nacional. Para ello se necesitará debates y acuerdos descentralizados, y, a nivel nacional, decretos supremos (políticas sectoriales) y leyes (normas y presupuestos). Puede aplicarse la metodología ensayada en el caso de desastres naturales a partir de terremoto de 1970 (fui directivo de CRYRZA), con medidas conjuntas que cubran cuatro ámbitos: previsión, prevención, emergencia y rehabilitación.

Los derechos de sindicalización (reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la OIT y la Constitución), de negociación colectiva de condiciones laborales y remuneraciones (reconocidos por Sentencia del Tribunal Constitucional y pendientes de una norma legal) y de huelga (normados por legislación nacional) son un eje estratégico para formalizar las relaciones futuras entre el Estado y sus servidores, entre ellos el magisterio, el grupo más numeroso de todos.

Otra línea de trabajo es la reactivación del proceso de descentralización (de los Poderes del Estado y del Presupuesto de la República) dispuesto por la reforma constitucional del año 2002 , proceso que en el caso de la Educación se ha estancado y revertido en algunos aspectos. La descentralización de la educación al nivel regional es incompleta (falta la transferencia del Minedu a la Municipalidad de Lima Metropolitana); no se ha continuado al nivel Local (las obsoletas UGEL son dependencias de los gobiernos regionales y las municipalidades siguen excluidas) y sufre de la alta centralización de la formulación y ejecución del Presupuesto de la República.

La gestión del Sistema Educativo Nacional tiene (Ley General de Educación) cuatro instancias: nacional, regional, local e institucional (y en cada una de ellas pueden constituirse sindicatos, federaciones y confederaciones); pero las competencias y los recursos se concentran en los dos primeros niveles. El magisterio es nacional; pero la normatividad de sus condiciones laborales, régimen especial de carrera y sistemas de remuneraciones y pensiones, está altamente centralizada (por ley) en el Gobierno Nacional. Ese desorden administrativo impide una gestión apropiada del sector.

La descentralización del presupuesto exige también una reforma importante. La Ley General de Presupuesto es una ley ordinaria (debería ser una ley orgánica) y se altera fácilmente, bajo diferentes modalidades y propósitos, en la Ley Anual de Presupuesto, en cuya formulación y aprobación tienen la voz cantante el Ministro de Economía y Finanzas y el Presidente de la Comisión de Presupuesto. Viví esa experiencia como directivo del Sistema Nacional de Planificación y más tarde como Ministro de Educación, cuando los mayores recursos generados por la reforma tributaria del 2003 (realizada por delegación de facultades legislativas para financiar, prioritariamente, a la educación pública) no fueron luego contemplados en la Ley de Presupuesto de 2004.

El mismo Estado que firma contratos leyes multianuales con las empresas privadas (obras, concesiones), no programa ni aprueba por ley las inversiones públicas que por naturaleza y monto son multianuales, de mediano y largo plazo. Eso explica, en parte (lo es también por falta de capacidades), que los ministerios, entre ellos el de Educación que sufre grandes carencias, no alcancen a ejecutar sus presupuestos anuales.

En lo inmediato el punto más importante es que el Poder Ejecutivo anuncie los principales compromisos financieros que para el sector educación incluirá en su Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2018, entre ellos: incremento anual respecto al PBI (0.5%); evolución periódica del piso salarial de la Carrera Magisterial (a partir de los dos mil soles mensuales; fondos para procesos de reclutamiento, capacitación, nombramientos y ascensos; restitución de oficio de derechos y pago de devengados e intereses. Ese proyecto de ley de presupuesto debe enviarlo al Congreso, por mandato constitucional, a más tardar el día 30 del presente mes de agosto.

Para las previsiones y la coordinación de los procesos al horizonte del año 2021, se podría constituir un Grupo de Trabajo Intersectorial, coordinado por la Presidencia del Consejo de Ministros (Foro del Acuerdo Nacional, CEPLAN, Descentralización, SERVIR) y con la participación, entre otros, de representantes de los sectores de Economía y Finanzas (Presupuesto), Trabajo (Sindicalización, negociaciones colectivas y huelgas), Justicia (Sistema Jurídico) y Educación (Consejo Nacional de Educación, Ley de Reforma Magisterial, remuneraciones, descentralización, participación de las organizaciones gremiales, sindicales y de las Apafas en las comunidades educativas).

El objetivo central debe ser actualizar e implementar la Décimo Segunda Política de Estado del Acuerdo Nacional, que en lo relativo al Magisterio fijó, desde el año 2002, como un objetivo específico: “El Estado promoverá el fortalecimiento y la revaloración de la carrera magisterial mediante un pacto social que devenga en compromisos recíprocos que garanticen una óptima formación profesional, promuevan la capacitación activa al magisterio y aseguren la adecuada dotación de recursos para ello”.

Publicado martes 8 de agosto de 2017.

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