Por Javier Portocarrero. Director Ejecutivo CIES*
El logro educativo en el Perú ha pasado de pésimo a malo. La proporción de niños de segundo de primaria que comprenden lo que leen, de acuerdo a lo esperado para su grado, ha subido de 16% en 2007 a 44% en 2014. En matemáticas, la cifra se ha incrementado de 7% a 26% entre ambos años. En otras palabras, hemos progresado muy rápido, pero partiendo desde un nivel extremadamente bajo. Además, no hay lugar para la complacencia, pues aún hoy, solo uno de cada cuatro niños de siete años logra resolver aritmética básica.
Estas cifras de la evaluación censal de estudiantes son el punto de partida de un documento de política (DP) promovido por el proyecto Elecciones Perú 2016, impulsado por las universidades Católica y Pacífico, junto con el CIES y otros aliados. Los autores Martin Vegas y Sonia Paredes (Desco) enfatizan la importancia del consenso y la continuidad. El Acuerdo Nacional, el Proyecto Educativo Nacional y el Consejo Nacional de Educación han favorecido una política de Estado en el sector.
Por ejemplo, para desarrollar la meritocracia entre los maestros, o el programa presupuestal “Logros de Aprendizaje”; que ya lleva dos etapas de implementación (2008-2011 y 2012-2014). Asimismo, para incrementar el presupuesto de la función educación, que casi se ha duplicado este año, en comparación al 2011. Ahora, el 2016, representa 18% del presupuesto público y 3.9% del PBI.
A pesar de la mejora notable en los resultados de aprendizaje, las brechas sociales se han ido ampliando. En comprensión lectora de segundo grado, la diferencia urbano-rural ha pasado de 15 puntos porcentuales en el año 2007 a 33 puntos en el 2014. Para matemáticas, esa brecha aumentó de 4 a 16 puntos porcentuales, es decir se cuadruplicó.
Por eso, el DP propone lograr un paquete básico de calidad para no menos de 70% de las escuelas hacia el 2021; y adoptar políticas pro equidad para la población rural, indígena y con discapacidad, que representan un 27% de la población estudiantil. Aunque requieran intervenciones de mayor costo por alumno, se trata de un derecho humano fundamental y también de una forma de atacar la transmisión intergeneracional de la pobreza.
En materia universitaria, el DP diagnostica “una oferta… anclada en carreras tradicionales, saturadas y con formación desactualizada; una demanda insatisfecha en carreras…asociadas a las fortalezas productivas…del país; no hay ninguna universidad pública peruana entre las 500 mejores del mundo…” Por nuestro lado, agregaríamos la expansión descontrolada de algunas universidades privadas de baja calidad, y la politización de un buen número de universidades públicas.
Frente a esto, se debe continuar con la nueva ley universitaria (30220), para introducir estándares mínimos de calidad y revalorizar la investigación como aporte a la enseñanza y al desarrollo nacional.
(*) Opinión personal.
Fuente: Diario Gestión